El proyecto Mantos Grandes, ubicado en uno de los afluentes cordilleranos del Río Mostazal, en la comuna de Monte Patria, hace más de un año que está en el territorio preparando motores para operar, pero las características del proyecto despiertan alerta en la comunidad y en la institucionalidad.
Una ficha técnica diseñada para ser considerada pequeña minería y eludir el sistema de evaluación ambiental, debiendo solo requerir permiso de Sernageomin para entrar en operaciones, fue lo primero que alertó a las y los vecinos del río Mostazal, tal como lo hicieron ver a mediados del 2022 en una reunión en la localidad de El Maitén, la única que ha realizado la empresa, pese a declarar que difundiría el proyecto por todo el valle, y pese a haber una y otra vez postergado la fecha de una asamblea comprometida a la Junta de Vigilancia del Río Mostazal.
En estas circunstancias, las comunidad ha ido recabando información de otras fuentes, como los servicios del Estado, quienes transitan por la zona o quienes han realizado labores en la minera, y nada de lo que han escuchado da tranquilidad.
Llama poderosamente la atención, por ejemplo que se quiera emplazar un tranque de relave en la zona, habiéndose demostrado, en un proyecto que operó con anterioridad, que se compromete el agua de todo el valle, por las características del terreno y la pendiente del cerro, de hecho Sernageomin mismo, advirtió que entre otros, este tema obligaba a rechazar el proyecto, pero la empresa ha seguido buscando la vuelta para lograr que los dejen extraer el cobre y el oro que hay en el lugar.
Otra de las cuestiones que se presenta como grave irregularidad es que están extrayendo aguas de las escorrentías superficiales que se encuentran en el sitio y que son afluentes del río Mostazal, sin tener autorización alguna para ello ni derechos inscritos que les permitan utilizarlas, cuestión que fue recientemente denunciada a la DGA a la espera de que el organismo concurra a terreno para verificar la ocurrencia del ilícito.
Por otro lado, trabajadores de la empresa evidencian que las máquinas adquiridas no corresponden a una faena de pequeña minería, haciendo ver que algo huele mal en el accionar de la empresa. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, señala que por los antecedentes que manejan “las preocupaciones que manifiesta la comunidad son más que legítimas, entendemos que hay financistas belgas involucrados, haciendo prever una práctica habitual en la minería, que es evaluarse como pequeños para tener menos restricciones y someterse a menos estudios, y luego con la aprobación llevar la faena a una mayor dimensión, lo que hace que el territorio sufra impactos de mediana minería, muy difíciles de parar una vez que el proyecto está activo”.
Especial preocupación ha traído el cambio de director nacional de Sernageomin, que se llevará a efecto el 1 de febrero, pues ya ha habido experiencias en que aprovechando los últimos días en el cargo, se toman decisiones erráticas sin tener clara conciencia de la afectación a las comunidades y luego se hace más difícil pesquisar responsabilidades, aunque en el territorio están dispuestos a judicializar el proyecto si desde el gobierno se valida una iniciativa que atenta contra la vocación campesina y agrícola del valle.
